La Legislación de Ámbito Autonómico en Materia de Ordenación Territorial establece que los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico Municipal existentes -aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de las referidas normas autonómicas- deberán ser conveniente adaptados, de modo que se garantice la coherencia territorial en las tres escalas geográficas: municipal, subregional y autonómica. Así mismo, los instrumentos de Planeamiento de nueva redacción, o las revisiones o modificaciones puntuales de los ya vigentes, deberán igualmente garantizar dicha coherencia territorial.

Las determinaciones generales afectan fundamentalmente a la cuestión de la reserva de suelo con uso residencial para la construcción de viviendas de protección oficial (en adelante: VPO) -con deber de reserva de al menos el 30%- y a la cuestión de la limitación de crecimientos demográficos -máximo del 30% sobre la población censada previamente- y superficiales -tope del 40% sobre el suelo urbano preexistente-.

Es pues a causa de la existencia de este deber legal de salvaguarda de la coherencia territorial por lo que en la actualidad existe una situación de auténtica paralización de nuevos desarrollos urbanísticos en la práctica totalidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Han transcurrido ya casi dos años desde la entrada en vigor de la más reciente de las normas del marco legislativo autonómico (POTA, 30 de diciembre de 2006), pero tan sólo 52 de los 770 municipios andaluces disponen de planeamiento de rango superior -Plan General de Ordenación Urbanística (en adelante: PGOU) - aprobado definitivamente y convenientemente adaptado a las referidas determinaciones generales.

Así pues, en la actualidad -últimos datos publicados por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, en fecha 20 de Noviembre de 2008- tan sólo un 6,8% de todos los municipios andaluces tienen vía libre para la ejecución de los nuevos desarrollos urbanísticos previstos. Estos 52 municipios, por otra parte, representan igualmente una escasa proporción de los habitantes censados en Andalucía; concretamente, el 14,4% sobre el total, y ello porque el municipio más poblado de Andalucía -Sevilla, con un peso demográfico respecto al total de Andalucía de un 8,7%- está incluido en este grupo. De hecho, si excluimos el municipio de Sevilla, sólo el 5,7% de los habitantes censados de Andalucía reside en municipios adaptados totalmente a las determinaciones generales sobre Ordenación del Territorio.

Además. el avance experimentado en el último año -entre el 16 de Noviembre de 2007 y el 20 de Noviembre de 2008- ha sido además muy escaso, pues en este periodo sólo se incorporaron 16 municipios (2,1% del total andaluz) que contaban con 128.157 residentes censados (1,6% sobre el total de Andalucía).

Las causas de este bloqueo de los distintos instrumentos de planeamiento municipal, así como su extremadamente lento avance, pueden tener que ver, por una parte, con la complejidad en la tramitación de estas figuras de ordenación urbanística (estudio previo, aprobación inicial, fase de exposición pública y presentación de alegaciones, revisión y aceptación de alegaciones, aprobación provisional, revisión por parte de órganos competentes de rango autonómico, y aprobación definitiva), que en muchos casos ya estaban aprobados definitivamente entre 2000 y 2002 -en los tres años previos a la aprobación de la LOUA (84 municipios con 1.303.117 habitantes censados)- y que por tanto debían rehacer gran parte del camino recorrido. Del mismo modo, numerosos municipios (50 municipios con 291.559 habitantes censados) que habían avanzado notablemente en la elaboración de nuevos PGOUS han de rehacerlos parcial o totalmente debido a los más recientes requerimientos aprobados -reserva de suelo para VPO (Noviembre 2005) y limitación de crecimientos (Octubre 2006)-.

Por otra parte, esta situación de bloqueo también se explica por el hecho de que los POTS -recordemos que los Planes de Ordenación del Territorio Subregional son vinculantes para los PGOU- están en su mayoría en fase de redacción o de tramitación, de modo que sólo 8 de los 23 planes subregionales previstos se encuentran aprobados en su totalidad y, por tanto, vigentes, afectando pues a la coherencia territorial de los PGOU, tanto vigentes como en proceso de nueva redacción, de 117 de municipios donde residen 1.870.093 habitantes censados; mientras que otros 264 municipios, donde residen 4.618.650 habitantes censados, esperan la aprobación de 15 POTS cuya coherencia territorial igualmente deberá ser salvaguardada en sus respectivos PGOU. Se explica así, por ejemplo, que de todo el litoral malagueño, con 2 POTS aprobados en Octubre de 2006 y 1 POTS en fase final de aprobación, sólo un municipio -Rincón de la Victoria- haya logrado la total adaptación de su PGOU vigente, mientras que su nuevo PGOU -con Aprobación Inicial en agosto de 2005- sigue pendiente de aprobación definitiva y, por supuesto, pendiente también de adaptación a las determinaciones generales para la ordenación del territorio de Andalucía.